You are here: Inicio » Noticias » Administrador
Sábado, 17 Nov 2018
Administrador

Administrador

URL del sitio web:

Urdangarín imputado formalmente

Lunes, 02 de Enero de 2012 15:06 Publicado en Noticias

El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha decidido aplazar hasta el próximo 25 de febrero la declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que inicialmente había sido citado para el 6 de febrero. El magistrado ha atendido las peticiones de aplazamientos formuladas este viernes por varios letrados que alegaban que en las jornadas señaladas para la declaración de sus representados tenían fijados previamente otros compromisos judiciales. Urdangarin, investigado en torno al supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando él era su presidente, tendrá que comparecer ante el juez el 25 de febrero a las 09:00 horas.

Las declaraciones del resto de imputados en este sumario, la pieza 25 del 'caso Palma Arena', también han sido aplazadas, con lo que el socio del duque de Palma en Nóos, Diego Torres, será interrogado en dependencias judiciales el 11 de febrero, también sábado, a las 09:00 horas, y no el próximo 5 de enero como se había fijado en principio.

Ese mismo día declararán Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet, todos ellos personas vinculadas al Instituto Nóos cuando esta entidad obtuvo fondos públicos por servicios prestados por encargo de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Una semana después, el 18 de febrero, declararán el exdirector general de Deportes del Govern, José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía.

El juez justifica en su resolución la elección de tres sábados como días de declaración en la dificultad de escoger jornadas de lunes a viernes en las que los numerosos letrados personados en la causa no tengan otros compromisos y recuerda que la ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de causas criminales". Además, Castro aclara que en fechas anteriores sería imposible fijar las declaraciones porque el día 9 de enero empieza el primero de los juicios del caso Palma Arena, en el que participan tanto los fiscales anticorrupción como algunos letrados también personados en la pieza sobre el Instituto Nóos.

La de Urdangarin, quien deberá responder sobre la ejecución de lo acordado con los gobiernos balear y valenciano, sobre el destino de los fondos públicos que recibió Nóos y sobre su tratamiento fiscal, será la última de las declaraciones previstas por Castro. En su auto de este sábado, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez da un plazo de tres días a los letrados personados en la causa para que le informen de todos los compromisos profesionales inexcusables que tengan en los próximos cinco meses y les exhorta a que "los reduzcan al mínimo".

"Se anuncia que, una vez este juzgado esté en posesión de tales datos se reservará cuanto menos la totalidad de un mes, también el más próximo y con igual posibilidad habilitadora, para acelerar y, en la medida de lo posible, ultimar la instrucción", añade Castro en su resolución.

 

Desahucio Express

Domingo, 30 de Octubre de 2011 19:25 Publicado en Noticias

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada, por lo que aquí importa, de esta manera: se da una nueva redacción al apartado 3 se añade un nuevo apartado 4 al artículo 440, que queda redactado en los siguientes términos: “ Apartado 3.  En los casos de demandas en las que se ejercite la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, acumulando o no la pretensión de condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señale, requerirá al demandado para que en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o, en caso de pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba o ponga a disposición de aquel en el Tribunal o notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación.

Si el demandante ha expresado en su demanda que asume el compromiso a que se refiere el apartado 3 del artículo 437 –condonación de la deuda-, se le pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21.

Asimismo, el requerimiento expresará el día y la hora en que hubieran señalado para que tengan lugar la eventual vista, para la que se servirá de citación, y la práctica del lanzamiento. Asimismo se expresará  que, en caso de solicitar asistencia jurídica gratuita al demandado, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento.

El requerimiento se practicará en la forma prevista en el artículo 161 de esta Ley, apercibiendo al demandado de que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de notificación posterior, así como de los demás extremos comprendidos en el apartado siguiente de este mismo artículo.

Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará constar, y dictará decreto dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Quedando redactado el apartado 4 en los siguientes términos: En todos los casos de desahucio, también se apercibirá al demandado en el requerimiento que se realice que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites y que queda citado para recibir notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista. Igualmente, en la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse antes de un mes desde la fecha señalada para la vista, advirtiendo al demandado que, si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de  notificación posterior.”

 

Vía libre a la nueva ley de Jurisdicción Laboral

Sábado, 01 de Octubre de 2011 14:52 Publicado en Noticias

El Congreso de los Diputados ha culminado la tramitación de la Ley de Jurisdicción Social, que queda aprobada de forma definitiva tras la votación de las enmiendas introducidas por el Senado, que quedaron ratificadas salvo las relativas a los apartados 1 y 3 del artículo 235, que fueron rechazadas. Este artículo, relativo a la imposición de costas, quedará de este modo redactado tal y como lo aprobó en su día la Cámara Baja.

Así, se determina que la sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficiode justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de
funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social.

Esta Ley pretende clarificar la jurisdicción competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-administrativo.

Con ello se adapta la normativa procesal laboral a la doctrina constitucional en su interpretación de la protección social, conforme al artículo 41 de la Constitución y, de esta manera, la jurisdicción social queda configurada como el juez natural de todas las esenciales políticas públicas relativas a la protección social.

No obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley, para poder tener en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia en orden a una más ágil respuesta judicial.
  
En un segundo eje se desenvuelve la modernización de la normativa del procedimiento social hacia una agilización de la tramitación procesal. En la consecución de un procedimiento más ágil y eficaz, se ha realizado un ajuste íntegro de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como a la interpretación efectuada de la normativa procesal social por la jurisprudencia social y constitucional.

Dicho ajuste ha permitido precisar armónicamente unos principios más acordes con el proceso social en aspectos como la regulación de las medidas cautelares, esenciales cuando se trata de vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, la reforma de las modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de materia electoral para incluir en su ámbito la impugnación del preaviso de elecciones sindicales.

Mediante este segundo eje de reforma, la nueva Ley permite integrar y aprovechar las potencialidades que ofrece la nueva oficina judicial. Se articulan las previsiones legales necesarias para la plena implantación de las nuevas tecnologías, se armoniza el texto con las recientes modificaciones de la citada Ley 13/2009, de 3 de noviembre, y se completa el diseño procesal necesario para la implantación de la nueva estructura funcional de los juzgados y tribunales.

La agilización de la tramitación procesal pretende ofrecer a los tribunales españoles y a quienes actúen ante ellos, un marco procesal que asegure mayor precisión y eficacia en la definición y aplicación jurisdiccional de los derechos y deberes de trabajadores y empresarios, así como de los niveles de cobertura de seguridad social ante situaciones de necesidad. Estos efectos redundan en una mayor certeza, seguridad y confianza de los agentes sociales y económicos en el marco del espacio social europeo.

También, el nuevo texto normativo refuerza la presencia en juicio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y de las entidades gestoras y colaboradoras, en su función de velar por los intereses públicos. En particular, se destaca el papel del FOGASA en el proceso social, otorgándole los poderes procesales necesarios para llevar a cabo su función de tutela de intereses públicos, y se recaba su colaboración activa desde el primer momento.

A esta materia afecta la modificación aportada por el Senado, según la cual se establece la necesidad de citar al FOGASA en los supuestos en que su responsabilidad pudiera derivar de su obligación de pago de una parte de las indemnizaciones.

En la redacción otorgada por el Senado, y ratificada hoy por el Congreso, se excluye el párrafo por el que se otorga "al secretario judicial una postura activa en la averiguación de tales situaciones, lo cual es coherente con el nuevo protagonismo que en el sistema procesal han cobrado estos funcionarios a partir de la regulación de la nueva oficina judicial".

 

 

Pág. 8 de 17

Artículos