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Jueves, 22 Feb 2018
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Los jueces ven insuficiente el Decreto de paralización de los desahucios

Domingo, 18 de Noviembre de 2012 12:08 Publicado en Noticias

No llega para cambiar el problema de fondo, la ley hipotecaria y, además, en los aspectos que si intenta regular,  la suspensión del desahucio durante dos años -hasta el 16 de noviembre de 2014- para las familias más vulnerables, los magistrados ven fallos, discriminaciones e importantes limitaciones.

  1. Así por ejemplo, el decreto dejará fuera de la paralización del desahucio a muchas familias igual de vulnerables que las que sí están incluidas en la norma. Sumando, los jueces se encontrarán que en los casos en los que el desahucio sea a favor de un particular que no sea un banco, como una persona o una inmobiliaria, la familia podrá ser desahuciada, aunque cumpla con todos los requisitos para evitarlo.
  2. Además, no se paralizan los intereses de demora, por que lo que se ha aprobado no es una moratoria, sino la paralización de un desahucio durante dos años, una moratoria que, sin embargo, no incluye los intereses de demora que seguirán sumando. O lo que es lo mismo, el banco no se carga con un activo devaludado, el piso, pero sigue teniendo en su poder un activo financiero que sí suma. Eso sí, fuentes del Ministerio de Economía subrayan que en los casos que entren en los umbrales del Código de Buenas Prácticas los intereses de demora se limitarán en un 2,5% más los intereses remuneratorios.
  3. Aunque la familias con dos hijos puedan estar, en muchos casos, en peor situación que las de tres menores dependientes, las primeras no cuentan en el decreto como beneficiarios. Para acogerse a la paralización del desalojo indica que es necesario no superar ingresos de 19.000 euros al año y que la cuota de la hipoteca suponga más del 50% de los ingresos de la familia. Pero además, para una pareja se requiere tener tres hijos como mínimo. Debe ser familia numerosa, lo que deja fuera a las que tengan dos hijos, salvo discapacidad.
  4. Las familias mono parentales, es decir una madre soltera y su único hijo... Se irán a la calle. Para ser beneficiarias de la suspensión las familias monoparentales tienen que tener dos hijos a su cargo.
  5. ¿Y los jubilados? Los pensionistas tampoco están incluidos en el colectivo que podrá acogerse a la paralización del desahucio si no tienen otras cargas familiares o son dependientes. 

Sobre las importantes limitaciones que han sido señaladas por los jueces, fuentes del Ministerio de Economía explican que en algún lugar tenían que ponerse los límites, y que lo que se ha hecho es fijar de esta forma a lo que se entiende como colectivos más vulnerables.

El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble en caso de impago de la hipoteca tras un proceso de subasta abierto a terceros, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales. En un auto publicado por Efe, el Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell, que consideró que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible "carácter abusivo" de las hipotecas.       

El problema de los lanzamientos, un fenómeno que ha crecido con fuerza por el incremento del paro, y el drama que supone para las familias, ha cobrado cierta relevancia en los últimos meses al calor del movimiento 15-M. De hecho, el rechazo social se ha traducido en movilizaciones populares para frenar los embargos de los más desfavorecidos. La polémica, además, ha aumentado la reinvidicación de la dación en pago, lo que supone saldar la hipoteca con la devolución del inmueble pero que en España no está prevista de manera generalizada. 

Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad porque la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias ya fue respaldada por una sentencia del 18 de diciembre de 1981, que consideraba que las limitaciones que tienen los afectados para lograr la suspensión del proceso no son inconstitucionales.

El máximo garante de la Constitución explicó en aquella sentencia que los afectados no quedaban "indefensos" porque podían suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos. "Porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados en otra sentencia de junio de 1993 que también citan en el auto publicado hoy.

El auto del Constitucional incluye un voto particular del magistrado Eugeni Gay, que critica que la resolución no aborda elementos de "trascendencia social y constitucional" como son las "especiales" circunstancias de la situación económica y financiera actual, muy diferente a la de los años ochenta, cuando se fijó la doctrina inicial.

Por ello, sostiene que no le parece "suficiente para desechar como infundada" la cuestión de inconstitucionalidad la remisión a las sentencias existentes, ya que "sería necesario examinar si los preceptos cuestionados a la luz del nuevo contexto económico y social son compatibles o no" con los derechos recogidos en la Constitución.

Gay recuerda que las normas no pueden establecerse "de espaldas a la realidad social" y subraya que la "ingeniería financiera" actual es más compleja y prácticamente imposible de someter a un control.

En la cuestión de inconstitucionalidad, el juez Guillem Soler criticó que las ejecuciones hipotecarias no permitían un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder de modo automático a la subasta del inmueble.

"No parece razonable ni admisible, desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el marco de una ejecución hipotecaria que afecta a un bien de primera necesidad como es la vivienda, el propio sistema legal impida, de modo absoluto y sin ninguna alternativa interpretativa por parte del tribunal, que se introduzca en el proceso de ejecución un mínimo examen de estas circunstancias", resumió el juez.

Las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis al pasar de 25.943 en 2007 al récord de 93.622 en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial.

 

 

 

 

 

El Supremo ordena que la hipoteca se pague a mitad

Domingo, 24 de Abril de 2011 20:16 Publicado en Noticias

El Tribunal Supremo ha establecido que el pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos cónyuges para adquirir la vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio, por lo que en caso de divorcio deberán ser abonadas a partes iguales. Así lo ha indicado la Sala de lo Civil del alto tribunal en una sentencia, en la que acuerda fijar doctrina al existir al respecto jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. El Supremo ha estimado el recurso de Javier M.D. contra la sentencia dictada en septiembre de 2007 por la Audiencia Provincial de Valencia que imponía al progenitor una mayor contribución al pago del préstamo hipotecario teniendo en cuenta sus posibilidades económicas y considerándolo como "aportación dentro de la pensión alimenticia". Antes de acudir al Supremo, el hombre recurrió a la Audiencia Provincial la decisión de un juzgado de Lliria (Valencia) que ordenó que pagara el 80 por ciento de las cuotas mensuales de la hipoteca tras el divorcio. En una sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca Trías, el Supremo se ha hecho eco de las sentencias contradictorias que han emitido diferentes Audiencias Provinciales en relación con el carácter que ostenta el crédito hipotecario. De este modo, ha fijado que el pago de las "cuotas de la hipoteca correspondiente a la hipoteca contratada por ambos cónyuges para la adquisición de la propiedad del inmueble destinado a vivienda familiar constituye una deuda de la sociedad de gananciales, y no una carga del matrimonio".

El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las 'hipotecas basura' del sistema financiero norteamericano".

No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la 'dación en pago'.

La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.

 

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