You are here: Inicio » Noticias » Mostrando articulos por etiqueta: Tribunal Supremo
Domingo, 27 May 2018
Mostrando articulos por etiqueta: Tribunal Supremo

Este límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo supone un incremento cercano al 300 por ciento respecto a la cuantía actual aunque es inferior al millón de euros que solicitaban los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, según ha manifestado el diputado socialista Julio Villarubia, que ha precisado que los asuntos que revistan "interés casacional" podrán ser revisados por el alto tribunal.

El diputado del PP Vicente Ferrer ha motivado la oposición de su grupo en que esta norma ofrece soluciones "injustas" y "arbitrarias" para pretender acabar con el colapso en la Administración de Justicia. "No les conozco. Estas medidas constituyen el mayor recorte de derechos civiles en el ámbito de la Justicia que he conocido en tres décadas, desde que tenemos democracia", ha recriminado a sus señorías.

La nueva norma cifra en 30.000 euros la cuantía para recurrir en apelación las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y fija en 3.000 euros el límite para recurrir las resoluciones dictada en juicios verbales por reclamación de cantidad.

La única decisión adoptada con la unanimidad de todos los grupos ha sido la que ha aprobado la enmienda transaccional que establece que los promotores paguen una tasa de 50 euros, en lugar de 90, en la tramitación de los procesos monitorios que excedan los 3.000 euros, estando exentos del pago de esta tasa en las demandas de inferior cuantía.

En cuanto al procedimiento de desahucio, el proyecto de Ley incorpora "mejoras técnicas" sobre la enervación y el juicio, tanto en el ámbito monitorio que introduce este proyecto de ley como en el desahucio ordinario. A partir de ahora, si el arrendatario no desaloja el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se tramitará directamente el lanzamiento, cuya fecha se le comunicará en el mismo requerimiento.

En materia de recursos, la ley suprime el trámite de preparación en los devolutivos (apelación, infracción procesal y casación) al considerar que supone una dilación "innecesaria" en los plazos de resolución y no aporta ninguna ventaja al recurrente ni a la Administración, ha explicado el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarubia.

En el orden contencioso-administrativo, Villarubia ha resaltado que se introduce en el procedimiento abreviado la posibilidad de evitar la celebración de la vista oral "en aquellos supuestos en los que no se proponga el recibimiento del recurso a prueba".

Garzón demanda al Supremo ante Estrasburgo

Sábado, 26 de Marzo de 2011 16:21 Publicado en Noticias

El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión. Además de ésta también tiene abiertas otras dos causas pendientes en el alto tribunal: los cursos que impartió en Nueva York y las escuchas del caso Gürtel.

En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas".

El juez, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, está representado por Interights, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.

Con su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte del Supremo del principio de independencia judicial. "La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia", se dice en el texto. Fuentes próximas al magistrado explican que la suspensión provisional decretada por el alto tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y que su suspensión ha impedido.

La finalidad del escrito presentado en Estrasburgo es precisamente "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial". La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por el Supremo para imputar a Garzón. "La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales". Para los defensores de Garzón no debería calificarse arbitraria o carente de razón la interpretación dada por el magistrado para investigar los crímenes del franquismo sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones propuestas por Garzón contra cinco de los siete magistrados del alto tribunal que debe juzgarlo.

El pasado día 17, la Sala Penal del Tribunal Supremo volvió a rechazar otro recurso del juez en el caso de los cursos, en esta ocasión contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que consideró "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal.

Garzón había propuesto al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ratificaron una vez más todas las decisiones del instructor.

La Sala Penal partía de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles”.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestima el recurso al considerar que carece de jurisdicción para tramitarlo, ya que la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma estaba avalada por el artículo 5º de la Constitución Española (CE) y fue ratificada por el pleno del Congreso de los Diputados.

"La impugnación va dirigida contra un acto cuyo contenido ha sido asumido en su integridad por el Congreso de los Diputados desde el momento que autorizó la prórroga del estado de alarma en los mismos términos que fue inicialmente declarado", explica el auto.

El Supremo resuelve así el primero de los dos recursos presentados por el sindicato, que agrupa al 97% de los casi 2.400 controladores que AENA tiene en plantilla, en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno contra el caos aéreo provocado por el colectivo los pasados 3 y 4 de diciembre por el abandono de los puestos de trabajo.

Además, el auto añade que el Gobierno "dio cuenta" de su decisión al Congreso de los Diputados y, "de esta manera, se ofreció a este la posibilidad de ejercer todos los medios de control que el ordenamiento jurídico le permite".

Un control que el Congreso de los Diputados asumió y ejerció posteriormente al autorizar, el 16 de diciembre, la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno a un mes adicional, explica el auto.

"La conclusión final tiene que ser, pues, que esa decisión asumida por la Cámara no es una actuación administrativa que pueda ser controlada por este orden contencioso-administrativo" del Tribunal Supremo, según el auto.

El segundo recurso USCA, pendiente de resolver, se dirige contra el Real Decreto 1611/2010 que ordenó la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles y permitió la presencia de militares en las torres de control.

El pasado 9 de diciembre, USCA presentó sendos recursos contra el estado de alarma y la militarización de las torres de control alegando presuntas irregularidades tanto del procedimiento seguido por el Gobierno para aprobar los dos decretos como en los cuerpos legales en los que se apoyaban para dictarlos.

Artículos