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Sábado, 17 Nov 2018
Mostrando articulos por etiqueta: Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional ha declarado que es inconstitucional el apartado de la ley de Medidas de Seguridad Social en virtud del cual se exigió a las parejas homosexuales la existencia de hijos comunes para abonarles la pensión de viudedad.

La ley exigía que el "causante y el beneficiario tuvieran hijos comunes" para la concesión de pensión de viudedad y el TC, en una sentencia que ha contado con cuatro votos particulares, anula ese apartado porque considera que vulnera el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo.

En diciembre de 2007 se modificó la Ley General de la Seguridad Social, que regula la pensión de viudedad, para que tuvieran derecho los supervivientes de una pareja de hecho que acreditaran una convivencia con el fallecido o fallecida durante al menos los cinco años anteriores a la muerte y dependencia económica.

Sin embargo, en una disposición adicional titulada "pensión de viudedad en supuestos especiales", la nueva norma establecía, con carácter excepcional y retroactivo, que pudieran solicitar dicha pensión también aquellos viudos o viudas de una pareja fallecida antes de su entrada en vigor.

Para ello, no obstante, además de los requisitos generales, exigía otros requisitos, entre ellos "que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes". Este requisito, dice la sentencia, "resulta ser de imposible cumplimiento, por razones biológicas, para las parejas de hecho formadas por personas del mismo sexo".

Por otro lado, "la posibilidad de adopción de niños por las parejas de hecho ha estado vetada en nuestro ordenamiento jurídico hasta fechas relativamente recientes", recuerda también el TC.

Es decir, concluye la sentencia, todas las parejas homosexuales que biológicamente no podían tener hijos y que, durante un período de tiempo concreto, no pudieron adoptarlos tampoco, no estuvieron en condiciones de aspirar a la pensión de viudedad en igualdad de condiciones con las heterosexuales.

Ello es inconstitucional, porque vulnera el derecho de igualdad recogido en la Constitución o, como dice la sentencia, "el requisito contenido en la letra c) de la disposición adicional tercera de la ley 40/2007, de 4 de diciembre, constituye una directa vulneración" del "principio de igualdad ante la ley consagrado" por la Constitución, por lo que resulta anulado.

La sentencia se produce como respuesta a una cuestión de inconstitucionalidad procedente de un Juzgado barcelonés en 2008, cuando un hombre cuya pareja había fallecido solicitó a la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el reconocimiento de la pensión de viudedad.

Había convivido con su pareja homosexual de forma estable desde el año 1982 hasta la muerte de éste. La solicitud fue denegada por resolución del INSS de 13 de marzo de 2008 en razón a no cumplirse el requisito de haber tenido hijos comunes con el causante.

El TC le da la razón al considerar que "el requisito de haber tenido hijos comunes resulta de muy difícil o imposible cumplimiento para las parejas de hecho del mismo sexo, conforme a los argumentos que han quedado anteriormente expuestos".

La sentencia advierte, sin embargo, que quienes dieron por bueno el requisito de la norma y no solicitaron la pensión de viudedad en los doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha ley no pueden reclamar ahora la pensión.

Aquella norma establecía un límite temporal para pedir la pensión que no ha sido recurrido y cuyos efectos siguen en vigor, señala el Constitucional, que recuerda además que tampoco podrán pedir la pensión aquellos que aceptaran sentencias contrarias a su petición.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Aragón Reyes, ha recibido el voto particular formulado por el magistrado Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, al que se han adherido los magistrados Ramón Rodríguez Arribas, Andrés Ollero Tassara y Juan José González Rivas.

 

El Tribunal Constitucional cree que las ejecuciones hipotecarias, que permiten a las entidades financieras o a otros acreedores quedarse con un inmueble en caso de impago de la hipoteca tras un proceso de subasta abierto a terceros, no vulneran los derechos fundamentales de los afectados y por tanto no son inconstitucionales. En un auto publicado por Efe, el Constitucional rechaza así estudiar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en septiembre de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell, que consideró que estos procesos podían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y a una vivienda digna porque impiden analizar el posible "carácter abusivo" de las hipotecas.       

El problema de los lanzamientos, un fenómeno que ha crecido con fuerza por el incremento del paro, y el drama que supone para las familias, ha cobrado cierta relevancia en los últimos meses al calor del movimiento 15-M. De hecho, el rechazo social se ha traducido en movilizaciones populares para frenar los embargos de los más desfavorecidos. La polémica, además, ha aumentado la reinvidicación de la dación en pago, lo que supone saldar la hipoteca con la devolución del inmueble pero que en España no está prevista de manera generalizada. 

Los magistrados consideran "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad porque la actual regulación de las ejecuciones hipotecarias ya fue respaldada por una sentencia del 18 de diciembre de 1981, que consideraba que las limitaciones que tienen los afectados para lograr la suspensión del proceso no son inconstitucionales.

El máximo garante de la Constitución explicó en aquella sentencia que los afectados no quedaban "indefensos" porque podían suspender el proceso con el pago o bien iniciar un procedimiento declarativo, en el que un juez puede dictaminar sobre los hechos controvertidos. "Porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa", dijeron los magistrados en otra sentencia de junio de 1993 que también citan en el auto publicado hoy.

El auto del Constitucional incluye un voto particular del magistrado Eugeni Gay, que critica que la resolución no aborda elementos de "trascendencia social y constitucional" como son las "especiales" circunstancias de la situación económica y financiera actual, muy diferente a la de los años ochenta, cuando se fijó la doctrina inicial.

Por ello, sostiene que no le parece "suficiente para desechar como infundada" la cuestión de inconstitucionalidad la remisión a las sentencias existentes, ya que "sería necesario examinar si los preceptos cuestionados a la luz del nuevo contexto económico y social son compatibles o no" con los derechos recogidos en la Constitución.

Gay recuerda que las normas no pueden establecerse "de espaldas a la realidad social" y subraya que la "ingeniería financiera" actual es más compleja y prácticamente imposible de someter a un control.

En la cuestión de inconstitucionalidad, el juez Guillem Soler criticó que las ejecuciones hipotecarias no permitían un análisis judicial de las circunstancias en las que se suscribió el contrato, ya que se debe proceder de modo automático a la subasta del inmueble.

"No parece razonable ni admisible, desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el marco de una ejecución hipotecaria que afecta a un bien de primera necesidad como es la vivienda, el propio sistema legal impida, de modo absoluto y sin ninguna alternativa interpretativa por parte del tribunal, que se introduzca en el proceso de ejecución un mínimo examen de estas circunstancias", resumió el juez.

Las ejecuciones hipotecarias se han multiplicado por cuatro desde el inicio de la crisis al pasar de 25.943 en 2007 al récord de 93.622 en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial.

 

 

 

 

 

El TC autoriza a Bildu a presentarse a las elecciones

Sábado, 07 de Mayo de 2011 16:10 Publicado en Noticias

El pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica cargada de tensión y precedida de fortísimas presiones políticas de un lado y otro, revocó anoche la anulación de las 254 listas de Bildu por la Sala Especial del Supremo y autorizó la concurrencia de la coalición a las elecciones municipales de Euskadi y Navarra y a los comicios forales vascos del 22 de mayo. Los dos partidos legales de la coalición electoral, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba (una escisión de Ezker Batua), que habían quedado fuera de la cita electoral, podrán concurrir en Bildu junto a los independientes que el Supremo identificó con la ilegalizada Batasuna. La decisión se adoptó por el estrecho margen de seis votos a cinco. El magistrado progresista Manuel Aragón Reyes votó con los conservadores. El texto completo de la sentencia y de los cinco votos particulares que se han anunciado se conocerán en los próximos días.

El Constitucional declara vulnerado el derecho de Bildu a acceder a los cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes, tal como establece el artículo 23 de la Constitución. En consecuencia, declara la nulidad de la sentencia del Supremo del pasado 1 de mayo que sostuvo que Bildu se había erigido en un "cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA".

Votaron a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones el presidente del Constitucional, Pascual Sala, el vicepresidente, Eugeni Gay y los magistrados Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa todos ellos del sector progresista. Anunciaron votos particulares discrepantes los conservadores Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos. A estos se unió el magistrado Manuel Aragón, del sector progresista, que también votó con los conservadores en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

La nueva ponencia de la sentencia definitiva recayó en el magistrado Luis Ortega, catedrático de Derecho Administrativo, que se incorporó al Tribunal en la última renovación. Será por tanto el encargado de redactar la sentencia definitiva.

Antes de alcanzar el fallo, el Pleno votó la ponencia inicial del magistrado Francisco Hernando Santiago, favorable a confirmar la sentencia del Supremo y mantener a Bildu fuera de las elecciones. La ponencia decayó por los mismos seis votos a cinco que después autorizaron la presencia de Bildu en las elecciones.

Esta es la segunda ocasión en que el Tribunal Constitucional tumba una resolución de la Sala Especial del Tribunal Supremo, después de que en 2009 autorizase a la lista de Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre, a concurrir a las elecciones europeas.

La decisión comenzó a perfilarse a partir de que la Sala Segunda, inicialmente encargada del recurso, lo avocara al pleno. Este se reunió pasadas las 20.30 de la tarde, y mantuvo como ponente al magistrado Francisco Hernando, cuya ponencia, favorable a confirmar la sentencia del Supremo, decayó por 6 votos a 5.

La correlación de fuerzas era, en principio, de siete progresistas frente a cuatro conservadores, lo que favorecía las expectativas de Bildu. A medida que avanzaba la noche, se incrementaban las impresiones de que la sentencia del Supremo que expulsó a Bildu de la campaña electoral podía ser revocada.

La Sala Segunda declinó dictar sentencia después del empate registrado entre sus magistrados y avocó la decisión al pleno.

Previamente, la prospección entre los magistrados de la Sala Segunda, había reproducido las posiciones ideológicas entre los progresistas Eugeni Gay, presidente de la Sala, Elisa Pérez Vera y Luis Ortega, favorables a revocar la sentencia de la Sala Especial del Supremo, frente a los conservadores Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, partidarios de mantener la expulsión de Bildu de las elecciones. A petición de los tres magistrados del sector progresista, la Sala remitió al pleno la decisión sobre Bildu.

En su maratoniana jornada para resolver sobre la comparecencia de Bildu en las municipales, el Constitucional había comenzado debatiendo la recusación del magistrado constitucional Francisco Hernando, al que Bildu atribuyó un "interés directo o indirecto en el pleito" La recusación de Hernando fue resuelta por el pleno del Tribunal, que la rechazó de plano. El hecho de que Hernando presidiera en 2003 la Sala del 61 del Supremo que ilegalizó a Batasuna "no constituye, de acuerdo con la doctrina constitucional, un motivo que permita poner en duda la imparcialidad del magistrado, ni tampoco el del órgano judicial del que forma parte", explicó el Tribunal.La Sala Segunda continuó los debates a las siete de la tarde. Tras remitir la decisión sobre Bildu al Pleno, el Constitucional estimó el recurso de la Agrupación Electoral Independiente de Zalduondo (Álava), ilegalizada por el Supremo para presentarse a las elecciones del 22-M. Esta formación está compuesta por un único candidato, Gustavo Fernando Fernández Villate, y fue avalada por 39 de los 160 habitantes de su municipio.

El Constitucional considera que la decisión del Supremo vulnera el "derecho a la participación política" de la agrupación. La Sala ya "lamentaba" que el supremo hubiese hecho un "pormenorizado escrutinio" sobre "el historial político y judicial de los candidatos".

Al obrar de este modo, el Supremo emprendió una "vía improcedente" que el Constitucional resume así: "Si el designio fraudulento de crear un partido político de facto o de desnaturalizar las agrupaciones, previo concierto entre ellas no ha quedado acreditado, toda indagación ulterior no supone sino plantarse la posible exclusión de unas u otras agrupaciones". "Y ello, prosigue la sentencia, "a pesar de que no haya quedado acreditada trama o estrategia fraudulenta alguna".

La Sala Segunda del Constitucional también abortó las alegaciones de la Fiscalía del Tribunal Constitucional y de la Abogacía del Estado, que presentaron en la madrugada anterior, junto a un informe de la Guardia Civil sobre "nuevas investigaciones a Bildu", fechado justo el 5 de mayo de 2011. Dicho informe incorpora un acta de una reunión supuestamente celebrada entre EA y ETA, pero en el mes de febrero de 2009, que fue incautado en el curso de una operación del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El documento concluye que ETA y EA coincidieron en la necesidad futura "de articular una acumulación de fuerzas independentistas". Finalmente, no hubo acuerdo para las elecciones europeas, si bien ETA siguió apostando por la estrategia de "acumulación de fuerzas independentistas" y por realizar una alianza estratégica con EA, materializada finalmente en el acuerdo Lortu Arte, firmado por EA y Batasuna.

El acuerdo Lortu Arte fue considerado como prueba en la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que anuló las listas de Bildu el pasado lunes, que apreció que dicho documento ponía de manifiesto la política de concertación de EA con la izquierda abertzale ilegalizada, "lo que viene a reforzar la solidez de uno de los elementos objetivos en que se basa la sentencia recurrida", dicen los impugnantes. La Abogacía del Estado y el fiscal concluían pidiendo al tribunal que admitiese el informe.

 

 

 

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