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Jueves, 22 Feb 2018
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Paralizada la privatización de la sanidad en la comunidad madrileña

Miércoles, 10 de Julio de 2013 18:17 Publicado en Noticias

Los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo seguirán teniendo gestión pública. Al menos hasta que la justicia decida sobre el recurso que han interpuesto el PSM y varios particulares. Así lo ha decido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un auto fechado hoy, que adjunto al presente artículo.

El motivo de la paralización solicitada de forma urgente por el PSM es la fianza que la Consejería de Sanidad aceptó de las empresas licitadoras. El importe equivalía al 5 por ciento sobre el monto del contrato anual, y según los socialistas 'contraviene' lo dispuesto en la ley nacional, que marca que debe ser el 5 por ciento del total. De hecho el término 'anual' se incluyo posteriormente por la vía de las correcciones en el pliego de condiciones para la externalización. La diferencia es muy sustancial puesto que, como la concesión es por diez años, la garantía que tenían que aportar las empresas inicialmente era 200 millones y se ha visto reducida a tan solo 28.

El proceso de 'externalización' de la gestión sanitaria queda así en suspenso y la Comunidad de Madrid dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones. Posteriormente, los miembros de la sala se volverán a reunir para decidir si se mantienen la suspensión cautelar o no hasta que haya sentencia definitiva. 

 

 

El juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, ha dictado un auto en el que ordena levantar la prohibición de vender el dispositivo USB de desbloqueo del llamado “PSJailbreak” de la consola PlayStation 3. La decisión deja sin efecto la medida cautelar de prohibición de la venta e, tomada por este mismo juzgado en setiembre de este año. Asimismo se condena a Sony, la empresa demandante, a las costas del incidente y se deberá fijar la indemnización que deberá pagar a las empresas demandadas por el tiempo de inactividad. Éstas habían valorado en unos 35.000 euros los daños derivados por la retirada del mercado del citado producto, decretada por el Juzgado

La postura de los demandados fue que el fabricante ha dotado a la consola "de una serie de limitaciones de uso que van más allá de la mera protección de sus juegos originales, intentando impedir que el usuario utilice ese aparato para otros usos que no sean los que Sony decida". El texto del auto recuerda que la empresa "empezó a comercializar la consola con menos limitaciones de uso que las actuales, así desde que empezó su comercialización hasta el 01/04/2010, la PSP3 contaba con la funcionalidad de ejecutar sistemas GNU/Linux, así como otras sistemas operativos si eran instalados en el disco duro de la consola; sin embargo, alegando una supuesta mejora en la seguridad del sistema, Sony en una controvertida decisión en abril del 2010 ha eliminado la posibilidad de instalar Linux y hay usuarios que consideran que dado que en su día se publicitó dicho soporte, no es correcto eliminarlo, ya que podría haber sido un argumento decisivo en la compra para cierto número de usuarios". Según la defensa de los demandados, el usuario tiene derecho a hacer con su consola "lo que quiera" y lo contrario vulneraría el derecho constitucional a la creación.

Sony ha sostenido siempre que el objetivo de PSJailbreak es el de neutralizar "las medidas tecnológicas de la consola PlayStation, así como de los soportes de sus videojuegos, todo ello con la finalidad de facilitarla realización de actos que suponen infracciones del derecho de propiedad intelectual". En la demanda, la empresa recuerda que la distribución de este dispositivo "generaría unos daños y perjuicios irreparables así como una afectación grave y desproporcionada de las actividades económicas de Sony, que da a empleo a 167.000 personas en todo el mundo".

 

 

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