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Garzón demanda al Supremo ante Estrasburgo

Sábado, 26 de Marzo de 2011 16:21 Publicado en Noticias

El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El magistrado cuestiona el procedimiento abierto contra él por la investigación de los crímenes del franquismo y alega indefensión. Además de ésta también tiene abiertas otras dos causas pendientes en el alto tribunal: los cursos que impartió en Nueva York y las escuchas del caso Gürtel.

En la demanda, el magistrado alega que su procesamiento ataca a la independencia de los jueces, a la libertad de interpretación de la ley y al Estado de derecho "al dejar indefensas a las víctimas".

El juez, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional y actualmente es consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, está representado por Interights, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.

Con su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, Garzón denuncia la violación por parte del Supremo del principio de independencia judicial. "La normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia", se dice en el texto. Fuentes próximas al magistrado explican que la suspensión provisional decretada por el alto tribunal le ha acarreado un grave perjuicio ya que se le ha privado de su derecho a desempeñar sus funciones como juez y que, aunque posteriormente fuera absuelto, el daño no desaparecería, pues han sido muchos los procedimientos y causas en las que debería haber participado y que su suspensión ha impedido.

La finalidad del escrito presentado en Estrasburgo es precisamente "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial". La demanda también cuestiona los argumentos esgrimidos por el Supremo para imputar a Garzón. "La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales". Para los defensores de Garzón no debería calificarse arbitraria o carente de razón la interpretación dada por el magistrado para investigar los crímenes del franquismo sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones propuestas por Garzón contra cinco de los siete magistrados del alto tribunal que debe juzgarlo.

El pasado día 17, la Sala Penal del Tribunal Supremo volvió a rechazar otro recurso del juez en el caso de los cursos, en esta ocasión contra la solicitud de pruebas documentales y testificales, que consideró "innecesarias". El recurso del juez suspendido de funciones había sido apoyado por el Ministerio Fiscal.

Garzón había propuesto al instructor Manuel Marchena que se utilizasen los cauces del derecho internacional para que, a través de una comisión rogatoria a Estados Unidos, se aportasen los soportes documentales de sus nóminas. El instructor lo rechazó y la Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y José Manuel Maza, ratificaron una vez más todas las decisiones del instructor.

La Sala Penal partía de la premisa de que no se trata de realizar una "investigación exhaustiva" en esta "fase previa" de la investigación, sino sólo la práctica de las "diligencias imprescindibles”.

El Consejo General del Poder Judicial ha prorrogado indefinidamente la autorización al juez Baltasar Garzón para que pueda seguir trabajando como consultor externo de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. La decisión fue adoptada el 30 de noviembre por la comisión permanente del Consejo por mayoría. El CGPJ autorizó a Garzón dicho traslado por siete meses el 18 de mayo, pocos días después de ser suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional al haberle abierto juicio oral el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La autorización finalizaba en los próximos días, pero recientemente Garzón reclamó que fuera prorrogada toda vez que el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, le había ofrecido continuar

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