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Martes, 21 Ago 2018
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El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de Código Penal

Jueves, 11 de Octubre de 2012 19:11 Publicado en Noticias

El nuevo Código Penal castigará con pena de seis meses a un año de cárcel la difusión de “imágenes o grabaciones íntimas” sin el consentimiento de la persona que las protagoniza, aunque éstas hayan sido obtenidas previamente con su consentimiento. Lo ha anunciado el ministro de Justicia. El delito llega después de la polémica generada por el caso de gran eco mediático de la concejal socialista de Los Yébenes Olvido Hormigos, que sufrió el envío a las redes sociales de un vídeo íntimo grabado por ella misma y enviado a una persona de su entorno. Este cambio en el Código Penal perseguirá "con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. La nueva regulación de la pena se sitúa en un contexto en el que los posibles responsables directos o indirectos de la difusión de imágenes o grabaciones de ese tipo se multiplican debido a la frecuencia de esas prácticas en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Es la principal novedad respecto al informe sobre este anteproyecto de ley que Ruiz-Gallardón ya adelantó hace un mes, y que incluye un nuevo endurecimiento de la máxima norma penal con figuras como la de la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad. Hoy, el ministro ha anunciado también que un nuevo delito castigará los matrimonios forzados (penados con hasta tres años de cárcel) y que se creará una pena de hasta dos años para situaciones de “acecho u hostigamiento” que ahora no están perseguidas, fundamentalmente referidas a la violencia machista. El nuevo Código Penal no estará en vigor hasta dentro de un año, según ha calculado Ruiz-Gallardón. Justicia ha presentado además un informe sobre el futuro proyecto de ley del Estatuto de la Víctima que recogerá un “catálogo de derechos procesales y extraprocesales” para las víctimas de “todo tipo de delitos”, no solo las del terrorismo y violencia sexual ya los tienen. Entre esos derechos estará el de tener información “directa y previa” de cada fase del proceso judicial, de la propia sentencia y también de las decisiones posteriores sobre el preso, como los permisos a los que pueda acceder o su puesta en libertad. Ruiz-Gallardón ha subrayado que las decisiones seguirán siendo “monopolio” del Estado (es decir, que la opinión de la víctima sobre el castigo a su verdugo no sera vinculante), pero ha añadido que en algunos casos se abrirán “ cauces de información para que la víctima no sea ignorada en la toma de decisiones”. El Consejo de Ministros ha tenido un cariz marcadamente judicial. Además del Código Penal, el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judique cial (LOPJ), que cambia algunas de las condiciones laborales de los 5.100 jueces no interinos que hay en España. El proyecto de reforma de la LOPJ enervó a los jueces, que amenazaron con ir a la huelga si Alberto Ruiz Gallardón no negociaba con ellos: el ministro logró detener la protesta tras renunciar a parte de sus pretensiones iniciales en un encuentro con las asociaciones de jueces y fiscales. El nuevo Código Penal, a juzgar por lo que avanzó Alberto Ruiz Gallardón en el Consejo de Ministros del pasado 13 de septiembre, cuando presentó el borrador, será el más duro de la democracia. Incluirá, según lo anunciado por el ministro, los siguientes cambios: » Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”. Será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”. » Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas. » Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). » Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia. » Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. » Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”. » Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos. » Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena). » Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias. La reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobará también previsiblemente hoy el Consejo de Ministros supondrá que los jueces cobren hasta el doble por hacer sustituciones. Justicia va a convertir en excepcional la figura del juez interino —lo que dejará sin trabajo a muchos de los 1.400 que hay—; y, por tanto, la carga extra de trabajo de los titulares que hagan sustituciones se va a disparar. Aunque el plus que cobran por ello también: hasta el doble en algunos casos. Hasta ahora, el juez titular que asumía temporalmente la carga de trabajo de otro juzgado recibía un máximo de 1.100 euros mensuales, a añadir a su sueldo; una cuantía que no ha subido desde el año 2004. Si la reforma se aprueba, el plus pasará a ser de entre 1.500 y 2.700 euros mensuales —en función del tipo de juzgado y lo saturado que esté—, según fuentes del ministerio. El sueldo habitual de los jueces (en cifras medias y aproximadas) oscila entre unos 3.000 euros en juzgados de instrucción, unos 4.000 euros en los tribunales superiores de justicia y unos 5.000 euros de los magistrados del Supremo, señalan estas fuentes.

Entra en vigor la reforma del Código Penal

Jueves, 23 de Diciembre de 2010 06:17 Publicado en Noticias

La reforma del Código Penal castiga con más dureza a terroristas, pederastas y corruptos y tipifica como nuevos delitos la piratería, el acoso laboral e inmobiliario, el tráfico de personas y la compraventa de órganos humanos. El Código Penal de 1995, ha sido tantas veces modificado desde su aprobación que se habla con razón de una permanente reforma, la última de las cuales es precisamente la efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Se observa en la actualidad una cada vez mayor presencia del Derecho Penal, de suerte que casi sin continuidad hemos pasado del principio de intervención mínima a un derecho penal de máximos, a la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, normas en blanco, adelantamiento de las barreras punitivas y a un aumento por lo general, con excepciones puntuales de las penas asociadas a los delitos, debido en parte y ello conviene subrayarlo, a la necesidad de trasponer en el ámbito interno diversas decisiones marco de la Unión Europea en virtud del fenómeno de la llamada armonización penal, que está dando lugar a que en determinadas materias se aproximen (cuando no se unifiquen) las normas penales de los diversos estados miembros de la Unión Europea.

El Pleno de la Cámara Alta aprobó definitivamente el pasado 9 de junio el Proyecto de Ley que modifica definitivamente el Código Penal de 1995, que hasta ahora había sido reformado en 26 ocasiones. Dado que los senadores no introdujeron ninguna enmienda al texto, éste no tuvo que volver al Congreso de los Diputados y fue directamente enviado al BOE.

Principales cambios 

Las principales reformas son, entre otras, la temática de la responsabilidad de las personas jurídicas, sobre todo en el ámbito procesal, así como el delito de acoso en el ámbito laboral, accesos informáticos ilícitos, estafa informática, delito de daños a datos, programas, documentos y sistemas informáticos.

Especial mención merecen los llamados delitos económicos y su repercusión en el ámbito empresarial. Es el caso, entre otras figuras delictivas, de las maquinaciones para alterar los precios de las cosas, la llamada corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, inmigración ilegal, y delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

También la introducción de la libertad vigilada, una medida de seguridad destinada a terroristas y delincuentes sexuales, principalmente pederastas, que se impondrá en sentencia junto a la pena de cárcel por un tiempo máximo de cinco años, aunque se podrá extender hasta los diez años, como se propuso inicialmente.

El condenado podrá ser obligado a estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos y a seguir tratamiento médico o participar en programas formativos, laborales o de educación sexual, También se le podrá prohibir residir en determinados territorios, acudir a determinados lugares o establecimientos y desempeñar determinadas actividades que puedan facilitarle la ocasión de cometer nuevos delitos.

Delitos de terrorismo 

En el caso del terrorismo, se establece la imprescriptibilidad de los delitos de esta naturaleza cuando han causado la muerte de una persona. Igualmente, los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad de menores de trece años, delitos de terrorismo o del crimen organizado que tengan penas de cárcel superiores a cinco años deberán cumplir al menos la mitad de la condena antes de poder acceder al tercer grado penitenciario.

Mientras tanto, la reforma suprime la pena de cárcel para los vendedores de copias ilegales de productos audiovisuales a pequeña escala y establece que sólo se les podrá castigar con multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Castigo a la corrupción en el deporte

En el campo de la corrupción, la normativa prevé por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, en los casos de funcionarios y responsables públicos que cometan delitos de corrupción, se elimina la alternativa entre la pena de prisión o multa, de manera que siempre haya condena de cárcel. En este apartado, se castigará también a las autoridades o funcionarios que informen favorablemente de proyectos u omitan inspecciones contraviniendo las normas.

Asimismo, en los delitos sobre la ordenación del territorio, se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras ilegales o clandestinas de urbanización, más allá de la mera construcción o edificación. En cualquier caso, se estipula que los delitos urbanísticos podrán ser castigados con hasta cuatro años de cárcel.

En este ámbito, se tipifica por primera vez penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, de manera que se castigarán los sobornos llevados a cabo por miembros y colaboradores de entidades deportivas, deportistas, árbitros y jueces encaminados a alterar el resultado de una prueba, encuentro o competición profesional.

También se incorpora la figura de la estafa de inversiones, incriminando a los administradores de sociedades que falseen información para lograr captar inversores u obtener créditos y castigando la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofrezcan datos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero.

Entre los nuevos delitos que se incorporan al nuevo Código Penal figura el tráfico ilícito de órganos humanos y el trasplante de los mismos, que también contempla la sanción penal al receptor del órgano que, conociendo su origen ilícito, consienta la realización de la intervención.

Acoso laboral, inmobiliario y acoso infantil

Igualmente, se incrimina por primera vez de manera diferenciada el acoso laboral --entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco del cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre-- y el acoso inmobiliario, para defender a las víctimas de ataques dirigidos a obligarles a abandonar su viviendas para obtener, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores.

Otro de los nuevos delitos es el de piratería, que castigará al que se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque o embarcación o atente contra las personas, cargamento o bienes que en él se encuentren y que podrá estar sancionado con entre diez y quince años de prisión.

En el campo de los delitos sexuales, junto al aumento del nivel de protección de las víctimas, especialmente de las más vulnerables, se introduce la regulación del denominado 'child grooming' (ciber acoso infantil), es decir, la utilización de internet con fines sexuales contra menores, castigando de manera más dura al delincuente que consigue el acercamiento con el menor mediante coacción, intimidación o engaño.

También se introduce la posibilidad de privar de la patria potestad a los padres para proteger a los menores y se endurecen las penas por abusos, que podrán llegar hasta los 15 años de cárcel.

Además, se ha aprovechado esta reforma para introducir una tutela civil específica de los derechos de víctimas cuando el autor condenado utiliza el delito para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico o cuando se divulgan datos falsos sobre hechos delictivos.

Por otra parte, en relación con la seguridad vial, se castiga con penas de entre tres y seis meses de cárcel, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad al que conduzca por encima de 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 en vía interurbana o bajo los efectos de alcohol o drogas, permitiendo que el juez elija entre las tres penas.

 

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